Nach vier Jahren tritt Fidel Castro mit einer 12-minütigen Rede wieder in der Nationalversammlung auf und warnt vor einem Atomkrieg zwischen den USA und dem Iran. Die Abgeordneten bereiten ihm Ovationen in der von ihm selbst gewünschten außerordentlichen Versammlung

Fidel Castro reapareció este sábado en el parlamento cubano después de cuatro años para advertir sobre una posible guerra nuclear a partir del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Según el ex presidente, la decisión final estará en manos de un solo hombre, el presidente estadounidense Barack Obama.

Fidel Castro fue recibido con una fuerte ovación por los diputados en una reunión extraordinaria del Parlamento que él mismo solicitó para analizar temas del panorama internacional. Esta última aparición corona una serie de recientes apariciones públicas después de un largo período de reclusión. De pie y ante una tribuna, el líder cubano leyó su "mensaje a la Asamblea Nacional" en una intervención que duró unos 12 minutos, informan BBCmundo y Público.

El debate sobre la legalización del consumo de estupefacientes sigue ganando difusión en México. El presidente de México, Felipe Calderón, rechazó el lunes la propuesta del ex dirigente Vicente Fox (2000-2006) de legalizar las drogas.

El mandatario explicó que, a pesar de que la legalización del comercio de drogas contribuiría a rebajar los índices de violencia del país, esta decisión podría alentar también su consumo entre los jóvenes, pasando de un problema de seguridad a uno de salud pública.

Fox propuso en su blog un plan para legalizar la producción, venta y distribución de drogas como forma de acabar con la violencia asociada al narcotráfico. El plan de Fox se ha dado a conocer en un momento en que existe una controversia creciente en México acerca de si la legalización de las drogas es el único remedio para frenar la criminalidad.

Un comando del Ejército mexicano mató el jueves en una casa de Guadalajara, la segunda ciudad del país, al gran narcotraficante Ignacio Nacho Coronel, uno de los tres jefes del cartel de Sinaloa, el mayor del continente, y brazo derecho del poderoso y multimillonario Joaquín el Chapo Guzmán.

Iniciador del tráfico de drogas a gran escala, Coronel igual llevaba cocaína a los barrios de Estados Unidos y Europa, que llenaba las discotecas con las nuevas drogas sintéticas que producía. Por eso le llamaban el Rey del hielo, o del cristal, nombres de esas pastillas. Nacho Coronel dirigía laboratorios clandestinos; controlaba llegadas y salidas de cargamentos de droga en costas, aeropuertos y carreteras de toda la zona central del Pacífico mexicano.

Ignacio Coronel empuñó su pistola y fue el primero en disparar cuando los militares entraron en su habitación y mató antes de morir al militar que encabezaba el grupo e hirió a un segundo oficial.

Los actuales procesos por delitos de lesa humanidad en el Cono Sur se nutren de los archivos del 'Plan Cóndor', que detallan la operación de eliminación de opositores por las dictaduras de los 70.

Es una de las huellas más siniestras que ha dejado la historia del siglo XX en el Cono Sur latinoamericano, pero tuvieron que pasar muchos años para que aquel horror, que intentó desvanecerse en la impunidad, quedara desvelado por su propia documentación.

Es el Plan Cóndor, el pacto de coordinación que existió entre las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay en las décadas de los setenta y ochenta. Los archivos existentes son hoy indispensables para conocer sus detalles, le otorgan una concreción, un rostro, una identidad. Su descubrimiento fue el único modo de acallar a quienes durante mucho tiempo negaban la existencia misma del plan o recelaban de un supuesto objetivo conjunto de aniquilar a todos los opositores a los regímenes dictatoriales derechistas de la región.

"El tributo generado por la represión en el Cono Sur fue de unos 50.000 asesinatos, 30.000 desaparecidos la mayoría en Argentina y 400.000 encarcelados. Entre los asesinados y los desaparecidos se cuentan unos 3.000 niños", según resume la periodista argentina Stella Calloni, autora de dos libros sobre el operativo, Los años del lobo y Operación Cóndor, pacto criminal. Calloni considera que el plan fue una política de Estado terrorista "cuya base estuvo diseñada en Washington".

Los documentos sobre el Plan Cóndor aparecieron allá por 1992, cuando una de las víctimas de la dictadura paraguaya de Alfredo Stroessner (1954-1989), Martín Almada, descubría en una comisaría lo que luego se conocería como los archivos del terror, los registros más completos sobre el pacto de las dictaduras que se han encontrado hasta ahora.

"Yo estuve por Europa tratando de saber por qué el ex dictador chileno Augusto Pinochet usó la palabra cóndor", relata Almada. "Al parecer, viene de España, de cuando Hitler envió la Legión Cóndor a tirar bombas sobre Guernica. Es ahí cuando por primera vez aparece ese nombre".

Gracias a las cuatro toneladas de archivos encontrados en Paraguay, se puede deducir que la operación Cóndor tenía dos cabezas. "El ejecutor fue Pinochet, pero el cerebro o mentor fue el ex secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger, que elaboró las bases de lo que sería el Plan Cóndor. Premiado con el Nobel de la Paz, Kissinger es el terrorista más grande del mundo, pues ordenó en aquellos años la limpieza del aparato del Estado, de la sociedad civil y la política de comunistas", aclara Almada. "Kissinger no puede viajar ahora a Europa, porque tiene un juicio abierto en Francia, y mucho menos a América Latina, porque yo he interpuesto una querella criminal en su contra", añade.

"Todo el pueblo sabía que los iban a matar. El asesinato de mi hermana Sylvia ocurrió como en la novela de García Marquez Crónica de una muerte anunciada: todos vieron a los paramilitares llegar, ir hasta la plaza del pueblo, entrar en el restaurante. Eran unos seis. Se sentaron y esperaron. Y cuando mi hermana y los tres líderes campesinos que estaban con ella cenando terminaron de tomar una gaseosa y unos sándwiches, se levantaron, abrieron fuego y los mataron a todos. Allí, en el restaurante La Tata, en medio del pueblo de Cimitarra. A las nueve de la noche, delante de todos".

Sylvia Duzán tenía 30 años recién cumplidos y era periodista. Se había especializado en violencia urbana y fue pionera en desentrañar el fenómeno de los sicarios en Medellín. Esta era su primera experiencia en una zona rural y de conflicto caliente. Estaba produciendo un documental para el Canal 4 británico que mostraba una iniciativa, puesta en marcha en 1987, para construir una comunidad de paz, neutral, en una región que vivía en medio del fuego cruzado entre guerrilla, paramilitares y ejército. Sus impulsores estaban amenazados de muerte por osar desafiar a la autoridad de facto. Tres de ellos fueron asesinados junto a Sylvia aquel 26 de febrero de 1990.

"Es una ley que se promovió para dar impunidad a los paramilitares", afirma el director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón. "Fue objeto de correcciones importantes por parte de la Corte Constitucional". La Corte exigió cambios de la versión inicial para que los paramilitares cumplan sus condenas en prisión, y no en casa, que el tiempo de las negociaciones no sea computado como tiempo de pena cumplida y que la rebaja del castigo sea revocada si mienten o retoman las armas.

Desde 2003 se han desmovilizado 31.671 paramilitares, según la cifra del Gobierno. De ellos, 3.854 se presentaron voluntarios para confesar sus delitos en las llamadas "versiones libres". Más de mil han podido hacerlo, entre ellos varios de los máximos responsables de las AUC.

Sus revelaciones conmocionaron al país y permitieron localizar más de 2.500 fosas comunes. Los paras confesaron 22.130 homicidios y 1.853 desapariciones forzadas. Hablaron de torturas, del uso de serpientes venenosas para matar a sus víctimas, de la construcción de hornos crematorios para hacer desaparecer los cuerpos y también hablaron de sus vínculos con la clase política y económica dirigente.

"Las AUC no es un grupo que se haya opuesto al Estado, sino que tiene relaciones simbióticas con él. Lo revelado en las confesiones va más allá de encuentros casuales. La complicidad entre paramilitarismo y Estado fue estructural", afirma Javier Ciurlizza, del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ).

Las confesiones propiciaron el escándalo de la parapolítica, en el que más de 80 congresistas han sido investigados o procesados por esas alianzas. "Cuando se empezaba a obtener algo de verdad, el proceso quedó frustrado por la extradición de 14 jefes paramilitares a Estados Unidos por narcotráfico", añade Gallón.

Para Gustavo Petro, ex senador del izquierdista Polo Democrático, "el paramilitarismo es la esencia del poder político en Colombia y esas confesiones estaban alcanzando al Gobierno y a la élite económica. Ese flujo de información se cerró con la extradición. Allá están acusados de narcotráfico. Acá de algo mucho más grave: crímenes de lesa humanidad. Pero eso va a quedar en la impunidad y las víctimas sin su derecho a la verdad", agrega.

En el caso de Sylvia Duzán, Maria Jimena no pudo oír cómo el jefe paramilitar de Cimitarra admitía el asesinato de su hermana. "En su versión libre, Ramón Isaza [que presidía en los ochenta la asociación de ganaderos de Magdalena Medio] dijo que no recordaba ninguna masacre. Me dio tanta furia, me pareció tan indigno".

Duzán reconoce que ha habido "un poco de verdad", y que la localización de las fosas para exhumar y entregar cadáveres es algo muy valioso para las víctimas. "Pero reparación no ha habido. Aquí unos pocos narcotraficantes paramilitares se robaron las tierras de los campesinos en los últimos 25 años. Esos líderes campesinos, hoy desplazados, están tratando de recuperar sus tierras y están siendo asesinados".

Un informe exclusivo reveló que el ex presidente de Estados Unidos Richard Nixon junto con su secretario Henry Kissinger, financiaron el golpe de Estado que dirigió el ex gobernante Hugo Banzer contra el derrocado Juan José Torres en 1971.

Según el documento, el 8 de julio de 1971 la administración de Nixon se había reunido para discutir una propuesta de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) de dar 140 mil dólares a un grupo de políticos de oposición y líderes militares, que sería usado para derrocar al presidente Juan José Torres.

Tras ser derrocado el 21 de agosto de 1971, el ex presidente Torres partió al exilio, primero a Perú, después a Chile y finalmente a Argentina. Posteriormente, fue secuestrado y asesinado en Buenos Aires el 2 de junio de 1976, en el contexto del "Plan Cóndor".